“Los niveles de pobreza presentados en el informe más reciente del Coneval y que por cierto se replican en el Sexto Informe de Gobierno, no cumplen con los derechos sociales de la población establecidos en el artículo 1 Constitucional», aseguraron académicos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
El Presidente Enrique Peña Nieto presentó este lunes su sexto y último informe de Gobierno. Habló de una larga lista de “mejoras”, según sus datos. Bajó la pobreza y bajaron varios delitos, dijo. Sin embargo, este mismo día la UNAM destacó que 62 millones de mexicanos carecen del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica y 56 por ciento no tiene acceso a la seguridad social.
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– En México, 62 millones de personas carecen del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica y 56 por ciento no tiene acceso a la seguridad social, por lo que los niveles de pobreza presentados en el informe más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y que se replican en el Sexto Informe de Gobierno, violan los derechos sociales de la población establecidos en el artículo 1 Constitucional, destacó el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El Presidente Enrique Peña Nieto presentó este lunes su sexto y último informe de Gobierno. Habló de una larga lista de “mejoras”, según sus datos. Bajó la pobreza y bajaron varios delitos, dijo. Apoyado en audiovisuales durante todo su evento, dibujó un México “próspero y estable”.
Peña dijo que, gracias a su Gobierno, en una década se podría acabar con la pobreza en México. “Los resultados de la política social nos alientan: más de dos millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema y los porcentajes de la población en pobreza se encuentran en sus mínimos históricos. De continuar esta tendencia México podrá erradicar la pobreza extrema antes de concluir la siguiente década”, presumió.
Sin embargo, el académico Andrés Blancas Neira, del Instituto de Investigaciones Económicas, aseguró que “los niveles de pobreza presentados en el informe más reciente del Coneval y que por cierto se replican en el Sexto Informe de Gobierno, no cumplen con los derechos sociales de la población establecidos en el artículo 1 Constitucional ni tampoco con la ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, pues la mitad de la población carece de ingresos para adquirir la canasta básica».
De acuerdo con el profesor de la UNAM, en 2016, 56 por ciento de los mexicanos estaba sin acceso a la seguridad social, es decir, no tenía cubiertos sus gastos por accidentes profesionales, enfermedades, maternidad, jubilación, invalidez, vejez, muerte, asistencia médica y medicinas.
Sobre los servicios médicos, para 2016 el 15.5 por ciento de la población del país reportó no contar con el acceso a ellos, es decir, 19 millones de mexicanos se encontraba en pobreza sanitaria.
CRECEN INGRESOS PARA LOS MÁS RICOS
En el caso de los ingresos, los expertos de la UNAM destacaron que en 2016 el 10 por ciento de la población más pobre del país tenía un ingreso en tres meses de 6 mil 820 pesos, mientras que el 10 por ciento de la población más rica tenían un ingreso trimestral de 160 mil 820 pesos.
Entre 2014 y 2015 hubo una evolución favorable para el 10 por ciento de la población más pobre porque aumentó 32 por ciento su ingreso, mientras que el decil mas alto aumentó en 8 por ciento, esto significa que los más pobres dieron que su ingreso aumento en mil 200 pesos mensuales, mientas que los más ricos subió 4 mil pesos mensuales.
«Hay un extracto de los ricos que su ingreso trimestral aumentó en 6 mil 800 pesos. Estos son indicadores de cómo la desigualdad está detrás de este proceso de la pobreza en México», explicó Ana Patricia Sosa Ferreira, académica del Instituto de Investigaciones Económicas.
De acuerdo con la investigadora de la UNAM, el ingreso trimestral laboral en 2008 fue de mil 758 pesos, pero en 2005 había sido superior en mil 782 pesos.
Detalló que el gasto corriente monetario promedio para todo el país fue de 28 mil pesos, pero el ingreso del decil más bajo queda muy por debajo de este consumo. Por ejemplo, de estos 28 mil pesos, 9 mil se gastaron en alimentos y si se considera que el ingreso de los más pobres es de 6 mil 800 pesos, esta cifra queda 3 mil pesos por debajo del consumo promedio en alimentos.
Otro porcentaje del gasto fue en transporte, en donde de estos 28 mil pesos nacionales se gastaron 5 mil 400 pesos. «Si sumamos el gasto en transporte y alimentos nos dan 15 mil pesos, es decir, la gente tiene que gastar en lo mínimo y lo demás tiene que obtenerlo de préstamos, lo que reduce sus posibilidades en el momento en que están sujetos a préstamos usureros», mencionó Sosa Ferreira.
INFORMALIDAD Y PROGRAMAS SOCIALES
Durante el periodo 2009 a 2017 se observó una disminución en la proporción de empleos informales, que pasó del 60 por ciento al 57 por ciento, sin embargo, este tipo de empleo continúa siendo el que prevalece en el país, destacaron los académicos de la UNAM.
«Algunos grupos de la población como los jóvenes entre 15 y 29 años tienen mayores dificultades para insertarse en empleos formales», mencionó el profesor Andrés Blancas Neira.
En 2017, dijo, del total de personas jóvenes ocupadas, 59.9 por ciento se encontraba en empleos informales, con muy baja expectativa para acceder a vivienda y educación.
«El Gobierno no ha hecho suficiente ni en términos económicos ni en términos sociales y no se está cumpliendo con el derecho constitucional», aseguró.
Respecto al tema delos programas sociales para reducir la pobreza, Blancas Neira destacó que el ejercicio presupuestal que se tiene asignado para estos conceptos, según estudios de algunos investigadores promovidos por el propio Gobierno, muestran que el presupuesto ejercido no se cumple en su mayoría. «No hay una política económica adecuada para combatir la pobreza».
Agregó que los programas sociales no se enfocan en resolver la pobreza, pues programas como el de Prospera no llegan a cumplirse.
